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Se realizo el décimo segundo conversatorio de la actividad Derecho y Pandemia. Ciclo de charlas en la web
El tema principal del conversatorio fue el cambio climático en el marco de la crisis sanitaria. La exposición estuvo a cargo del Dr. Marcelo López Alfonsín.
Por Verónica Ferreiro, Centro de Formación Judicial
El Centro de Formación judicial llevo a cabo el pasado 16 de julio una nueva actividad virtual como parte del “Ciclo Derecho y pandemia. Charlas en la web” bajo la consigna “Cambio climático y pandemia”. El expositor en esta oportunidad fue el Dr. Marcelo López Alfonsín y el moderador fue el Dr. Eduardo Molina Quiroga, Secretario Ejecutivo del Centro.
En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige actualmente, la charla se transmitió a través de la plataforma Zoom y del canal de YouTube del Centro, al igual que en ocasiones anteriores. Todos los participantes tuvieron la oportunidad nuevamente de realizar sus preguntas a través del chat de las plataformas, y las mismas fueron retransmitidas por el moderador.
El Dr. López Alfonsín es abogado egresado de la UBA. Es Profesor Adjunto Regular de las asignaturas Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y Derechos Humanos y Garantías en la UBA. Es docente de Posgrado de las carreras de Especialización en Derecho Constitucional, en Derecho de los Recursos Naturales y del Ambiente y en Derecho Ambiental en la UBA. Es docente del Doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. Es autor de publicaciones sobre temas de derecho constitucional, derechos humanos, derecho de los consumidores y usuarios y derecho ambiental. En la actualidad es Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.
El encuentro online tuvo como disparador de debate la siguiente pregunta: ¿Por qué percibimos al COVID 19 como catástrofe y no así al cambio climático? El expositor afirmó: “La pandemia se nos presenta como un escenario de dimensiones catastróficas, pero la crisis climática no la percibimos como tal”. “La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con motivo de la expansión del virus COVID-19 presenta al mundo un gran desafío. La diferencia entre la atención que se le brinda a la crisis climática y a la crisis sanitaria es la inmediatez. La pandemia nos enfrenta con la finitud de la vida humana en este preciso momento, la crisis climática la percibimos como algo que, si sucede, será en el futuro”, agregó.
En ese sentido, el magistrado explicó que el 2020 iba a ser un año clave para dar cumplimiento al Artículo 2 del Acuerdo de París que establece: “Mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2° C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1,5° C; aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático; hacer concordar los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático”.
Además resaltó que “los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático iban a presentar en la suspendida Conferencia de las Naciones Unidas de Escocia, planes de reducción de emisiones más ambiciosos que permitan alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, la crisis sanitaria económica y social que desencadenó el COVID-19 y la declaración de pandemia dio marcha atrás y hasta puso en jaque las intenciones de los Estados miembros respecto a la adopción de políticas y medidas necesarias para combatir la crisis climática”.
El magistrado remarcó que “hay compromisos optimistas por parte de los países que siguen estando asumidos de acá a diciembre de este año. Hay políticas concretas de todos los países contra la crisis climática que trataban de aplicar lo que en Derecho Ambiental se conoce como principio de no regresión, es decir no volver atrás en relación con los compromisos ambientales porque el derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental”.
En ese sentido, añadió que “a raíz de lo que está ocurriendo en el mundo en el marco de la emergencia sanitaria, empezaron a aparecer algunas noticias preocupantes por un abandono de políticas ambientales por parte de algunos Estados. En Estados Unidos se suspendieron todas las evaluaciones de impacto ambiental. En Brasil el gobierno de Bolsonaro decidió no fiscalizar lo que significa el pulmón verde de la Amazonia”.
Por otro lado, aseguró que “hay informes que nos presentan un reverdecimiento del planeta como consecuencia del aislamiento social y del parate de las actividades industriales. Por esto se han visto disminuidas de forma considerable las emisiones de gases de efecto invernadero y ha mejorado la calidad del aire en gran parte de los aglomerados urbanos del planeta”. Sin embargo, la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial Clare Nullis expresó que “este no es el modelo y que tras la reducción de emisiones en estos meses de masiva cuarentena es probable que haya un rápido aumento de las cifras de contaminación, como ya ocurrió en anteriores crisis”.
Simultáneamente, remarcó que la Organización para las Naciones Unidas ha señalado que, “a medida que se invaden los ecosistemas del planeta, el riesgo de enfermedades como el COVID-19 estará más latente, porque la sanidad del planeta y todas sus especies juegan un papel importante en evitar la propagación de enfermedades zoonóticas. La actividad humana ya ha alterado casi el 75 por ciento de la superficie terrestre, y ha sitiado a la vida silvestre y la naturaleza, además del comercio ilegal de animales silvestres y los mercados de animales”.
El Dr. López Alfonsín hizo referencia a las propuestas de reconstrucción poscrisis y manifestó que en el Diálogo de Petersberg, un foro anual para discusiones políticas informales de alto nivel, centradas en las negociaciones climáticas internacionales y el avance de la acción climática sobre el terreno, Patricia Espinosa (Secretaria de la Organización de las Naciones Unidas para el Clima), subrayó que “el COVID-19 no ha pospuesto la emergencia climática, pero la recuperación mundial, si la hacemos bien, puede llevarnos a un camino más sostenible e inclusivo, que proteja el medio ambiente, fortalezca la biodiversidad y garantice la salud y la seguridad a largo plazo de la humanidad”.
En este orden de ideas, expresó que con motivo de la celebración del Día de la Madre Tierra, el pasado 22 de abril el Secretario General de la ONU, António Guterres, en su mensaje al mundo propuso una serie de medidas para tener en consideración una vez pasada la crisis que son las siguientes. “En primer lugar el gasto en la recuperación debe ir acompañado de la creación de nuevos trabajos y empresas mediante una transición limpia y ecológica. Después, los fondos públicos deben utilizarse para invertir en el futuro, no en el pasado y fluir hacia sectores y proyectos sostenibles que ayuden al medio ambiente y al clima. Los riesgos y oportunidades climáticos tienen que incorporarse al sistema financiero, así como a todos los aspectos de la formulación de políticas públicas y las infraestructuras. Y por último necesitamos trabajar juntos como una comunidad internacional”, enumeró el expositor.
El magistrado aseguró: “Hoy creo que no debemos gastar un peso más en Vaca Muerta porque no habrá más petróleo ni gas de acá a 20 años. Es momento de no gastar en el pasado sino en el futuro. Basta de combustibles fósiles y lo dice el profesor de Régimen Jurídico de los Recursos Naturales. Me toco decir eso el Día del Ambiente que se celebró en la Facultad de Derecho y muchos profesores me miraban asombrados, pero me parece que es momento de tomar decisiones valientes”. Y agregó que “la alternativa de los combustibles fósiles son las energías renovables como la eólica y la solar. Por ejemplo hay parques eólicos en Chubut y en La Rioja y energía solar en Jujuy. Pero no se cambia de un día para el otro y la raíz energética debe ser revisada”.
En respuesta a una pregunta de los asistentes, el magistrado se refirió a la Cuenca Matanza Riachuelo como el principal problema ambiental que tiene el país y explicó que en 2002 Argentina tenía un crédito otorgado del Banco Interamericano de Desarrollo de 150 millones de dólares para hacer lo que después terminó siendo un gran caño que lleva los efluentes de la vera del río de la provincia a lo largo del tramo final de la cuenca hasta llegar a Berazategui, principal efecto aliviador de la contaminación de residuos. Pero aseguró que “Duhalde negoció y dijo que prefería destinar esos 150 millones de dólares para crear los primeros Planes Trabajar y esa fue la decisión ambiental más importante que tomo su gobierno porque la primera decisión ambiental es erradicar la pobreza. Ahora si en la actualidad y después de 20 años volvemos a tomar una decisión igual estamos condenados como sociedad”.
Para finalizar, el Dr. López Alfonsín concluyó que “el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano y dar pasos atrás en materia de derechos humanos nunca está bien. El principio de no regresión es un principio fundamental para el derecho ambiental pero también para el derecho internacional de los derechos humanos, como también lo es el principio de progresividad en lo que tiene que ver con ir alcanzando mayores niveles de satisfacción no solo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también ambientales”.