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Derecho y pandemia. Ciclo de charlas en la web
Dra. Daniela Dupuy
MATERIAL DE SESIONES
El Centro de Formación Judicial llevo a cabo el pasado jueves 23 de julio un nuevo “Encuentro del Ciclo Derecho y Pandemia. Charlas en la web”, cuyo eje principal fueron los delitos informáticos en el marco del aislamiento, bajo la exposición de la Dra. Daniela Dupuy. El conversatorio se transmitió a través de la plataforma Zoom y del canal de YouTube del Centro.
Por Verónica Ferreiro, Centro de Formación Judicial
La Dra. Dupuy es Fiscal Penal Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesora de Posgrado en el Programa de Actualización en Cibercrimen y evidencia digital, y en la Carrera de Especialización en Derecho Informático, ambos del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Participó como expositora y asistente en numerosas Jornadas y Talleres nacionales e internacionales relacionadas con la Cibercriminalidad y la litigación oral y es autora de varios artículos en la materia.
Los delincuentes que cometen delitos a través de internet son cada vez más profesionales, usan técnicas cada vez más sofisticadas y disponen de modernas herramientas. Esto vuelve a la sociedad más vulnerable en cuanto a privacidad, intimidad, integridad sexual, honor y patrimonio. Por eso el Ministerio Público creó una Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, UFEDyCI, cuyo objetivo es brindar una respuesta inmediata a los casos delictivos que ingresan al ámbito de la justicia penal de CABA, a través de una investigación digital eficiente de manera que se pueda llegar al juicio oral y público.
A partir del 1° de marzo, la Unidad está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, quien sostuvo: “Si bien teníamos un gran número de casos de ciberdelito, lo cierto es que ahora con la pandemia hay muchísimos más. La gente hoy está en mayor contacto con los medios digitales estudiando, dando clases, pagando cuentas, en redes sociales, utilizando Zoom. Se ha ampliado la posibilidad tanto en cantidad como en tiempo de cometer estos tipos de delitos”.
A su vez, explicó que uno de los cibercrímenes, que es la explotación sexual infantil, en marzo de este año registró a nivel nacional un total de 2.692 casos, mientras que en abril fueron 4.879 y en mayo 4.175, lo que significó un aumento del 80% entre el primer y segundo mes, y del 55% entre el primero y el tercero. De acuerdo a los datos de la Unidad Fiscal, solo en CABA en marzo hubo 10 denuncias por grooming, en abril 17 y en mayo 27. Y respecto de la difusión de imágenes íntimas sin autorización, se registraron 21 en el primer mes, 12 en el segundo y 32 en el tercero.
La expositora enumeró los delitos que se investigan en la Unidad y expresó que “son el artículo 128 del Código Penal que consiste en la producción, distribución y/o tenencia de material de explotación sexual infantil, es decir fotografías y videos de niños, niñas y adolescentes que representen actividades sexuales explicitas”. “También se investigan delitos o contravenciones como el suministro de material pornográfico a menores realizado por un mayor a través de medios informáticos. Esto puede ser un delito o contravención según la edad de quién lo reciba. Si el menor tiene entre 14 y 18 años se trata de una contravención pero si es menor de 14 es un delito”, añadió.
En ese sentido, mencionó el Grooming que “consiste en el contacto por medios tecnológicos con niños, niñas y adolescentes en el que el agresor solicita fotos o videos sexuales o mantiene conversaciones de contenido erótico. No es un mero contacto por lo que el artículo 131 requiere un cambio urgente. Es una permanencia de diferentes chat sexuales e intercambio constante de fotos o videos, en la que probablemente cuando el menor quiera salir del juego, el groomer que lo trataba con tanto cariño comience a enojarse por sentir falta de colaboración y lo empiece a extorsionar por ejemplo con hacer públicas las imágenes”.
La Dra. afirmó que “el groomer satisface sus necesidades lividinosas o introduce al menor en una red internacional de explotación sexual. La línea entre el grooming y la explotación sexual infantil con el abuso sexual y la corrupción de menores es invisible”. “Podemos citar en este sentido el fallo del Tribunal Superior de Justicia en el caso Giordano. Si estamos investigando un delito de competencia de la Unidad Fiscal como el grooming y luego aparecen modalidades que podrían encuadrarse en un delito que no fue transferido como el abuso sexual infantil, la Unidad lo investiga sin pedir la incompetencia porque tiene que ver con una fenomenología y con un autor específico que comete determinados actos delictivos hacia uno o muchos niños”, señaló.
Asimismo, hizo referencia al artículo 71 del Código Contravencional que pena “la suplantación digital de identidad, son los casos en que el ciber agresor crea un perfil digital falso haciéndose pasar por la víctima y a través de aquel comete otros delitos en nombre ajeno. Debería ser un delito pero es una contravención. Y el artículo 71 bis sanciona la difusión no autorizada de imágenes o videos íntimos, son los casos en que el agresor difunde fotos con contenido sexual a través de las redes sociales y la víctima pudo haber consentido su obtención en un espacio privado pero no su distribución masiva”.
Además destacó que “se utilizan herramientas cada vez más complejas para cometer los delitos. Por eso es fundamental hablar de la necesidad de capacitación y entrenamiento que tenemos que tener los investigadores para hacer frente a este tipo de nuevas modalidades delictivas y para conocer las herramientas informáticas modernas que existen, cómo las podemos utilizar y qué se les puede pedir para potenciar y capitalizar la investigación. No solo para los fiscales que en el marco de un sistema acusatorio somos quienes investigamos sino además para los defensores y los jueces”.
La Fiscal aseguró: “No sirve de nada que yo como fiscal, por ejemplo, lleve un caso muy sólido a una audiencia de juicio si del otro lado el defensor no puede estar a la altura de las circunstancias o si el juez no entiende todavía en profundidad la nueva dinámica”. “En mi caso he tenido buenas experiencias con la mayoría de jueces del fuero de la Ciudad. … tratamos de presentar siempre solicitudes de allanamiento, requerimientos de elevación, algún tipo de interceptación de datos con la mayor solvencia posible y fundamentación para poder ayudar a los jueces a entender la problemática”, agregó.
La Dra. Dupuy explicó que su canal de ingresos de casos es National Center por Missing y Exploited Children, una ONG americana a través de la cual todas las empresas proveedoras de internet en Estados Unidos reportan cuando un cliente sube videos o fotografías de explotación infantil. La ONG ha hecho un convenio con cada uno de los países donde es un delito este flagelo. Cuando el individuo que subió la imagen o video está en Argentina ingresa a nivel nacional la información de todos los reportes de los posibles autores de explotación sexual infantil en nuestro país. Desde la Unidad Fiscal reciben los reportes, hacen una selección temprana de casos y se quedan con los que ameritan investigar de forma urgente.
Al ser consultada sobre las funciones de la Unidad, detalló que una de ellas es capacitar a distintos operadores del sistema judicial y brindarles herramientas para investigar cualquier delito o contravención que se cometa a través de medios digitales; informar a niños y adolescentes, a sus padres y docentes, sobre cómo prevenir y evitar ser víctimas de conductas delictivas a través de Internet, y transmitir las consecuencias derivadas de un mal uso de las redes sociales; profundizar mecanismos de Cooperación Internacional; actuar de manera coordinada con las distintas Fuerzas Especializadas.
La expositora señalo que “con el confinamiento producto de la pandemia se han producido nuevas modalidades delictivas que hasta las podemos encuadrar en un nuevo tipo penal. Por ejemplo en el famoso Zoombombing que es cuando alguien irrumpe en una videoconferencia o reunión virtual con un video de explotación sexual infantil y muchos de los autores se encuentran en otros países”.
Por otra parte, admitió que “la transnacionalidad de los ciberdelitos es una de las características más importantes para poder entender que no alcanza la buena voluntad para investigar un caso. Empiezan a jugar otros factores como las respuestas de las diferentes empresas proveedoras de internet de otros países como Facebook, Microsoft, Twitter, TikTok y Zoom que no tienen obligación de responder porque no hay una ley que se los exija. Su aporte es tan importante para la justicia que sin esa información no se puede si quiera empezar a investigar”.
También aseguró que existe el sexting que “se da entre menores y normalizamos el tema de que se saquen fotos eróticas, videos sin remera y sacando la lengua, obtienen un video como pareja y lo difunden con amigos. Los niños, niñas y adolescentes tienen una concepción de la privacidad distinta y no está mal. Pero si decidimos mostrar nuestra vida tenemos que tomar los resguardos y evitar los riesgos que implica”.
En otro orden de ideas, explicó que “las órdenes judiciales siempre están limitadas a determinados lugares físicos, es decir al hogar del sospechoso. Pero cuando se registran datos informáticos puede ocurrir que no fueron almacenados en discos duros locales sino en un servidor externo al cual accedió por internet, puede ocurrir que estén almacenados en la nube o en un sistema informático en el extranjero, o se puede determinar que el lugar del hecho fue una terminal pública como un aeropuerto. También pudo haber sido efectuado a través de TOR, que es un sistema a través del cual se encuentran encriptados los datos y al estar imposibilitada la individualización de la IP del delincuente, se puede decir: el hecho se llevó adelante desde aquí pero no voy a poder determinar quién es el autor”.
La Fiscal aseguró que “como puede ser que la información se encuentre en la nube, es muy importante poder extender o flexibilizar las órdenes de registro a los efectos de poder dar con la evidencia digital. Y eso no tiene que ver con una vulneración en los derechos fundamentales y la intimidad del imputado si se lo hace de una manera responsable y se lo legitima a la luz del Código Procesal Penal”. “Tenemos que acudir a todo lo que nos brindan los datos y las nuevas tecnologías desde lo que es Big Data y la posibilidad de que a través de la investigación de fuentes abiertas y el análisis de información pública se puedan procesar ciertos datos que nos permitan llegar o complementar una investigación con datos importantes del imputado, del sospechoso o la víctima”, añadió.
La Dra. Dupuy admitió que “el cibercriminal se está modernizando y utilizando herramientas cada vez más complejas y el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que estar dotado de esas herramientas modernas para hacerles frente, las cuales deberían estar en el Código Procesal. Los nuevos desafíos básicamente tienen que ver con unir fuerzas a nivel internacional entre los distintos Estados porque hablamos de autores y víctimas diseminadas por todo el mundo y cooperación entre las fuerzas policiales con los investigadores, el Estado y el sector privado”.
Además “tenemos el Cuerpo de Investigaciones Judiciales para las tareas de campo y podemos recurrir a otras fuerzas policiales, tenemos herramientas informáticas y gente muy entrenada en la Fiscalía. Contamos con acompañamiento psicológico para los niños, niñas y adolescentes. No podemos esperar hasta que se eleve el caso a juicio para que haya un tratamiento con relación al menor porque es muy fuerte sentirse invadidos en su intimidad”.
Al ser consultada sobre la publicación de fotos familiares en las redes sociales, recomendó “configurar la red social en privado y ser muy cautelosos a la hora de aceptar gente cuando nos piden formar parte de nuestra red y limitar los contactos. Publicar fotos de nuestro hijos sin que se tomen los recaudos necesarios es un riesgo que se puede correr”.
Para finalizar concluyó: “En la Unidad tratamos de profundizar permanentemente nuestros conocimientos con un enfoque multidisciplinario con el objetivo de que quienes cometen este tipo de delitos no tengan escapatoria. Les puedo asegurar que ver día a día todo lo que vemos nos da más fuerza para seguir adelante y luchar contra esta problemática trasnacional”.
“Los legisladores tendrían que tomar conciencia de lo que ocurre en la realidad y de cuáles son las dificultades para los operadores si no tenemos normativa moderna. Hay que tratar de legislar seriamente y tomarnos con seriedad estas modalidades para tratar de ofrecer a los operadores, a los fiscales y jueces la posibilidad de poder investigar dignamente”, sentenció.
Si fuiste víctima de algunos de los delitos o contravenciones en los que pueda intervenir la UFEDyCI, conocés a alguien que lo haya sido, o tenés alguna duda acerca de cualquier conducta delictiva que se cometa a través de Internet, podés comunicarte al 0800 33 FISCAL que atiende las 24hs.
También, se puede denunciar desde la App “DENUNCIAS MPF”, enviando un mail a [email protected] y en www.mpfciudad.gob.ar, o de manera presencial de lunes a viernes de 9 a 20hs