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Dr. Martín Böhmer

MATERIAL DE SESIONES

El Centro de Formación Judicial llevo a cabo el pasado 14 de julio un nuevo conversatorio del “Ciclo Derecho y pandemia. Charlas en la web”, bajo la denominación “Pandemia y cumplimiento de normas. Legitimidad, confianza y ética de las profesiones del derecho”. El expositor fue el Dr. Martín Böhmer y el moderador fue el Dr. Eduardo Molina Quiroga, Secretario Ejecutivo del Centro.

Por Verónica Ferreiro, Centro de Formación Judicial

El Dr. Martín Böhmer es abogado de la Universidad de Buenos Aires, Master en Derecho y Doctor en Derecho de la Universidad de Yale. Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador Principal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Es Consejero Honorario de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En primer lugar y para romper el hielo, el Dr. Bohmer citó a uno de sus máximos referentes en el campo del derecho, el jurista y filósofo argentino Carlos Nino y expresó: “Nino abordó el concepto de anomia y para él, entre tantas cuestiones que pueden explicar la falta de desarrollo de la Argentina, se destaca nuestra complicada relación con las normas. Analizó eso desde el punto de vista de la Teoría de Juegos, que produce una cantidad de malas formas de coordinarnos, lo llamaba anomia boba”. “Por ejemplo hay personas haciendo la cola para comprar una entrada y uno se cuela, entonces todos empiezan a hacer lo mismo. Sucede que no se compra la entrada más rápido, sino que la norma desaparece y nadie compra los boletos”, acotó.

Por otra parte, recordó que “Tom Tyler planteó que lo que a largo plazo mantiene el cumplimiento de la ley y termina con la anomia es la legitimidad de la autoridad. Cuando uno cree que es legítima la autoridad, ya sea el policía, el juez o la ley en general, es decir que se puede deliberar con ellos y modificar las decisiones de la ley y lo tratan con respeto, se cumple más con las normas que con la amenaza de castigo”.

En ese sentido, explicó que “se puede ver todo el sistema democrático constitucional como un gran sistema de resolución de conflictos. Pero las normas con las que resolvemos esos conflictos a veces no se cumplen porque no se entienden. La idea del sistema es que la gente lleve su conflicto al Poder Judicial y este se solucione de acuerdo a las decisiones democráticas. De lo contrario se teme que se haga a través de la violencia o de diferentes formas de pérdida de la soberanía del Estado, por ejemplo cuando la gente se va a otro país y fija jurisdicción para contratos o resoluciones”. 

El expositor manifestó que “una de las crisis que vienen sufriendo los operadores del derecho en Argentina es la transición del autoritarismo a la democracia constitucional. Nuestra cultura jurídica paso de ser basada en la codificación a estar centrada en la Constitución, más las acciones colectivas, el amparo y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Esto genera que el Poder Judicial cambie radicalmente y pase de un estilo continental de aplicación neutral de la ley a un poder político con todas las letras y con capacidad de poder discutir políticas públicas. A eso llamamos judicialización de la política. Cualquier decisión de la autoridad pública en nuestro país tiene que ser tomada dentro del marco de la Constitución y la ley. Y esta cultura da un espaldarazo a jueces y juezas en general”.

Por otro lado, el Dr. Bohmer se refirió a la ética judicial y profesional, y explicó que “la ética es la descripción de una forma de ser y de hacer reglamentada para que asumamos un determinado rol dentro del esquema general de resolución de conflictos, que es la democracia constitucional”. “A los jueces y juezas se les pide que vivan en una tensión entre dos obligaciones clave. La primera es hacer justicia o decidir el conflicto de acuerdo a las fuentes del derecho, la ley porque es el resultado de la mejor deliberación pública que pudimos lograr, de acuerdo a la Constitución porque en ella están los principios y fundamentos del sistema, y la jurisprudencia como lo que venimos acordando a lo largo del tiempo”, añadió.

Además remarcó que “otro rol de la justicia es atraer el conflicto, lograr que la gente deponga las armas y la violencia, acepte ver a un abogado o abogada, pagar honorarios, tasa de justicia, conseguir testigos, etc. Esa es la legitimidad que tenemos que lograr en el Poder Judicial. La ética profesional está dedicada al tema de la justicia pero sobretodo los códigos de ética y en particular el Código Iberoamericano de Ética Judicial está dedicado a la legitimidad porque supone que decidir por el mejor argumento es una práctica que se genera en la profesión pero el tema de cómo generar confianza y aumentar la legitimidad no está muy desarrollado”.

En ese orden, recordó que en los considerandos del Código Iberoamericano dice que “los jueces no solo tienen que ser sino también parecer”. “Uno puede ser todo lo independiente e imparcial que quiera pero no verse así, a pesar de que no haya una violación a las obligaciones judiciales. Esa sería la distinción entre ética y reglamento. Motivar una sentencia es una obligación legal pero motivarla claramente y así aumentar la legitimidad es una cuestión de ética judicial”, agregó.

Bohmer aseguró que “hay que hablarle a la víctima si no ve que el denunciado termino sancionado, al condenado que va a terminar en la cárcel o teniendo que pagar lo que no quería. A ese tenemos que convencer y persuadir de que ese resultado, a pesar de ir en contra de sus intereses, es lo correcto. Uno debería lograr que la persona condenada baje la cerviz como diría Hobbes o agache la cabeza aceptando el resultado”.

También hizo alusión a la ética profesional de abogados y abogadas, y en ese sentido aseveró que “las tensiones a la que están sometidos los profesionales son diferentes a la de los jueces pero están vinculadas. Se les pide que defiendan celosamente los intereses de sus clientes, y pero además sean auxiliares de la justicia, esto quiere decir que ayuden a los jueces y juezas a encontrar el mejor argumento”.

El expositor remarcó que “por una cuestión de legitimidad si la gente no cree en el abogado que va a defender sus interés no va a venir a nosotros y la idea es que las dos partes den los mejores argumentos posibles tratando de defender los intereses de sus clientes. Pero no deben defender cualquier interés y es por eso que los códigos de ética obligan a la independencia de abogados y abogadas, de los jueces y clientes. Tenemos que actuar como traductores del interés privado de nuestros clientes al lenguaje del derecho del interés público. Y hay veces que esa traducción no se puede hacer”.

Además explicó que “otra obligación para que los mejores argumentos lleguen a la justicia es justamente que los abogados sean relativamente iguales en calidad y en cantidad. En cantidad tiene que ver con la agenda de acceso a la justicia. Todo el mundo debe tener acceso a un abogado dado que en nuestro sistema nadie puede entrar al Poder Judicial si no es de la mano de un profesional, y por lo tanto debemos garantizar un acceso igual a un abogado igual. Sería un escándalo que gane una parte por tener un mejor abogado y no un mejor argumento”.

En el mismo sentido, destacó que “los códigos de ética son formas de ayudarnos a vivir en la tensión básica de defender al cliente y ser auxiliar de la justicia. Por ejemplo la probidad, nos prohíben aconsejar acciones fraudulentas, el decoro, la dignidad, la prohibición de los conflictos de interés”. “Pero hay otras virtudes procesales a las que nos obligan los códigos de ética para vivir dentro de una profesión honorable, que están vinculadas con que gane el mejor argumento y no el abogado más chicanero, que son la buena fe, la veracidad y la lealtad. Los abogados no podemos mentir, actuar de mala fe, tenemos que ser leales con nuestro cliente y también con la contraparte y el juez”, agregó.

Por otro lado, el Doctor en Derecho manifestó que “todo el sistema está dirigido al cumplimiento de la ley, y constituye un gran armazón de prácticas y procedimientos para disminuir el conflicto y aumentar la coordinación para que no se maten los unos a los otros. Cada actor del Poder Judicial tiene una forma de actuar y esa forma de asumir su rol es la ética judicial que está dirigida al mismo fin, que es atraer el conflicto y resolver con los mejores argumentos. La idea es que la gente no se mate, no haya linchamientos, que no ejerza violencia por mano propia y que los conflictos se resuelvan en base a los acuerdos que la democracia constitucional produce”.

Con respecto a la legitimidad, aseguró que “bajo el paraguas del aumento de la legitimidad y del tipo de profesión que tenemos o que deberíamos tener, se entienden una cantidad de iniciativas y de agendas que a lo mejor están desperdigadas pero van en la misma dirección. Por ejemplo la agenda de la transparencia, que es una obligación del Código de Ética Judicial porque la gente no va a buscar un abogado si ve que está ocultando cosas. Otra es la agenda de la empatía, la escucha y de ponerse en el lugar del otro, con el objetivo de incrementar la confianza de los otros. En la medida en que se sientan escuchados, y sus argumentos sean tenidos en cuenta respetuosamente, esa gente seguirá confiando en las instituciones y en la ley, aún cuando tengan un resultado negativo”.

Para seguir con la enumeración menciono el lenguaje claro para que la gente pueda entender lo que le pasa. También la agenda de evaluación o análisis de impacto de políticas públicas.  Y la agenda de la información pública sobretodo la que genera el Estado. Por ejemplo dijo “un tema es la falta de publicación de las decisiones de los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados”. Otra es la agenda de acceso a la justicia y la obligación de la igualdad en el acceso y en la calidad. Y para terminar, está la agenda de la comunicación porque sabemos del impacto de los medios de comunicación en la gente. Si se maneja solo por lo que ve en los medios hay que trabajar con los periodistas para “comunicar mejor lo que hacemos”.

Al ser consultado sobre el trabajo del Poder Judicial durante la pandemia, aseguró que “hay gente que está trabajando mucho porque otros trabajan poco. Es impresionante la disparidad ya que hay jueces que están trabajando todo el día por distintos medios, ya sea WhatsApp o Zoom. Hay una dispersión de esfuerzos y de tecnologías enorme, y todavía no sabemos que es lo mejor. Muchos están haciendo pruebas a las que no se animaban antes, y sería bueno hacer encuestas nacionales para poder saber qué hicieron y qué resultados tuvieron cuando termine la pandemia. No podemos perder la oportunidad de documentar el esfuerzo que muchos estuvieron haciendo estos cien días desde que empezó la cuarentena”.

Para finalizar concluyó: “Desde que Nino escribió su libro hasta hoy paso mucha agua bajo el puente. Los abogados, abogadas, jueces y juezas de nuestro país nos impusimos una función muy exigente, a la que no estábamos acostumbrados, y que va desde saber tomar decisiones en una democracia constitucional compleja, aumentar la legitimidad, ser transparente, y hablar en lenguaje claro, para poder aumentar la confianza de la gente, y así poder hacer bien nuestro trabajo. Justicia es decidir el conflicto conforme el mejor argumento que nuestra sociedad pueda generar”.

La Dra. Marcela De Langhe, Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial cerró el conversatorio y manifestó: “Le agradezco al expositor por la claridad y la sencillez con la que abordó temas tan medulares para el ejercicio de la profesión y que tienen que ver con cuestiones que esta pandemia ha puesto sobre la mesa en un momento en el que todo se ha exponenciado de una manera que hoy vemos la crisis de institucionalidad basada en una crisis total de legitimidad que a su vez se funda en la crisis de confianza que tenemos con la sociedad, y hoy nos llevamos una serie de recetas que nos hacen creer que es posible superarla y que hay que empezar a hacerlo”.